Hace unos meses exploré como consultor la cadena de suministro de las principales empresas militares en España. Me sorprendió comprobar la cantidad de componentes, conjuntos y subconjuntos que, bajo sistemas made in Spain, tienen su origen en el extranjero. En algunos casos porque no hay oferta en España, en otros por política de grupos empresariales. Ejemplo de los primeros son los motores que mueven los vehículos de combate o el armamento ligero que se monta en las torres y estaciones de armas: ninguno se fabrica en nuestro país; de los segundos, basta comprobar el origen de elementos que, si bien pueden adquirirse aquí, acaban por comprarse en el extranjero, lo que supone una pérdida de soberanía, una inversión no recuperable y un empobrecimiento de nuestras capacidades industriales y tecnológicas.
El Ministerio de Defensa británico acaba de anunciar un ambicioso plan para facilitar el acceso de las Pymes a los contratos del departamento. Esta iniciativa materializa una clara visión industrial con la exigencia a los grandes integradores de contar casi en exclusiva con proveedores nacionales (en general, las pequeñas empresas no fabrican sistemas, sino componentes y subsistemas). Esta política también supone la eliminación de trabas burocráticas y barreras de entrada para el establecimiento de este tipo de industrias auxiliares preñadas de innovación y voluntad, pero carentes del músculo financiero y de acceso a los lobbies que revolotean alrededor de los órganos de decisión.
Ocurre algo parecido respecto a la industria europea, que debería ocupar la segunda prioridad –después del producto nacional– en la cadena de suministro de las empresas españolas. Por mucho que en los foros se hable de la industria española, de sus retornos, su importancia y valor añadido, y se enfatice el papel e importancia de las nuevas iniciativas europeas en materia de defensa, la realidad es bien distinta. Se siguen adquiriendo equipos americanos, israelíes, taiwaneses… sin tratar de buscar proveedores en territorio nacional y sin tener en cuenta que los productos nacionales generan impuestos que incrementan la recaudación del Tesoro, por no hablar de los puestos de trabajo o la independencia estratégica.
Decía el anterior jefe del mando de Apoyo Logístico del Ejército de Tierra que debemos definir lo que necesitamos en lugar de acomodarnos al mercado. Y tenía razón. A menudo los gestores militares se ven deslumbrados por novedosas tecnologías que se presentan como el bálsamo de fierabrás en ferias y exhibiciones. Así, en artículos recientemente publicados, se abogaba por que la torre del nuevo sistema de combate terrestre 8×8 Dragón incorporase un nuevo cañón británico que opera con una munición mucho más compacta y eficaz; naturalmente, se omitía el hecho de que los disparos del arma de 30 mm prevista se fabrican en España y en otros muchos países y que la munición británica cuenta con un solo fabricante, lo que hipotecaría gravemente el aseguramiento del suministro.
Un ejemplo vivido en persona: en un contrato de munición de pequeño calibre, la empresa adjudicataria obtuvo el contrato con un producto extranjero. En España se exige que, en el momento de cargar la munición en fábrica, la pólvora no tenga más de un año de antigüedad, un hecho verificable siempre que se tenga acceso a la inspección de la cadena de suministro, como es el caso español: ¿puede asegurarse el cumplimiento de ese requisito sin control sobre la fabricación?
Otro ejemplo: para las municiones y productos que incorporan explosivos o productos pirotécnicos, las autoridades españolas exigen un certificado de grupo de riesgo para su transporte, manipulación y almacenamiento basado en ensayos destructivos reales. Para los pequeños fabricantes nacionales la obtención del certificado de grupo de riesgo supone un coste en ocasiones disuasorio. En las importaciones, con un certificado expedido por una autoridad (¿?) del país de origen es suficiente.
Las decisiones de compra deberían priorizar a las empresas españolas del sector Defensa y Seguridad, no sólo en cuanto al contratista principal, sino también en el origen de los componentes usados, frente a las filiales de terceros estados.
Países de nuestro entorno, como Francia e Italia, mantienen participaciones directas en sus industrias militares, algo que en España no se da en las de ámbito terrestre (salvo, en cierta medida, Airbus, Indra o Navantia), haciendo primar los intereses nacionales sobre cualquier otra consideración. De ahí la conveniencia de contar con una empresa de referencia nacional en cuanto a sistemas terrestres, en especial ante el reto que plantea el concepto de Fuerza 2035. Pero no la hay.
Tal vez ha llegado el momento de que desde la Administración se promueva un “campeón nacional” con participación pública suficiente para asegurar el impulso inicial necesario; se trata de lograr objetivos estratégicos-país y obtener las capacidades industriales que España puede y debe tener, agrupando capital e intereses de las principales firmas del sector. Me atrevo a proponer como nombre SLI 2035, Spanish Land Industry 2035, una compañía público-privada orientada a la innovación y producción de sistemas de armas terrestres con decidida vocación exportadora y clara estrategia de incorporar (sólo) productos nacionales en su cadena de suministro.
G. División (R) Manfredo Monforte Moreno
Dr. Ingeniero de Armamento. Artillero
De la Academia de Ciencias y Artes Militares
Sé el primero en comentar