La cuarta y última mesa redonda del Congreso se desarrolló bajo el título ‘Contratación, renting, gestión y suministro de energía para instalaciones fijas. Problemática del cobro sobre ahorros. Empresas de generación y distribución’. La función de moderador corrió a cargo del coronel interventor Jaime Valcárcel, de la Dirección General de Infraestructura, quien destacó la “importancia de las consideraciones medioambientales en la contratación pública” y de la responsabilidad que deben asumir los órganos de contratación “para que los adjudicatarios cumplan con la normativa medioambiental”.
Daniel Olaso, ingeniero de Hitachi Vantara, expuso soluciones basadas en tecnología IoT (Internet of Things; en español, ‘Internet de las cosas’), y en concreto expuso el proyecto Lumada, una plataforma que brinda las capacidades más avanzadas para convertir datos en acciones inteligentes. “Gracias a esta solución –explicó- se puede conseguir una optimización energética”. Y es que, esta plataforma inteligente permite, por ejemplo, reducir los tiempos de inactividad, y proporciona alertas e informes personalizados sobre el estado de los sistemas de generación de energía.
Miguel Ángel Armesto, director general de Tecnocontrol Servicios del Grupo San José, reparó en el hecho de que muchos de los proyectos que se desarrollan para garantizar la eficiencia y al ahorro energético “exigen un desembolso importante y, para ello, hace falta un entorno financiero que ayude”. El Grupo San José, a lo largo de sus más de 40 años de historia, se dedica a impulsar el desarrollo de infraestructuras de transporte más respetuosas con el entorno natural, así como de ejecutar proyectos sostenibles en las áreas industrial, energética y medioambiental. “Es una necesidad como país acometer este tipo de proyectos en torno a la eficiencia y al ahorro energético”, sentenció.
Cándido Pérez, socio responsable de Infraestructuras, Transporte, Gobierno y Sanidad de KPMG, habló sobre los criterios de decisión en la ejecución de las inversiones públicas y afirmó que “si no hay riesgo de explotación, no tiene sentido hablar de colaboración público-privada, y es necesario que tengamos fondos para hacer frente a los gastos que tenemos que afrontar”. “Es necesario –añadió- un marco contractual adecuado”, puesto que, a su juicio, “falta preparación y planificación en los contratos de infraestructuras relevantes” y sostuvo que “un factor esencial en estos contratos debería ser la sostenibilidad”, un aspecto que, por otra parte, está contemplado en la legislación vigente.
