Agentes de la Policía Nacional han detenido a cinco personas en Madrid y Valencia, por su presunta participación en los delitos de contrabando de material de doble uso y contrabando de géneros prohibidos. Los arrestados en Madrid dirigen una empresa tecnológica dedicada al suministro de material de defensa.
La investigación comenzó cuando los agentes tuvieron conocimiento de la presencia en España de uno de los arrestados, de nacionalidad libia, considerado responsable de una importante organización paramilitar en Libia, denominada RADA-SDF. Los agentes pudieron comprobar su implicación en transacciones de drones con cámaras térmicas, enviados a Libia para el uso de esta organización paramilitar, violando el embargo internacional impuesto al país norteafricano e incurriendo en un delito de contrabando de género prohibido.
Siguiendo la investigación, se comprobó la participación de otras personas en la compraventa y posterior exportación ilegal de un sistema antidron con destino al aeropuerto de Trípoli (Libia), que se encuentra controlado por la milicia RADA-SDF. Este material estaría valorado en más de dos millones de euros.
La operación, desarrollada por la Comisaría General de Información, ha contado con la colaboración de la Brigada Provincial de Información de Valencia. Coordinada por la Fiscalía de la Audiencia Nacional, bajo la dirección del Juzgado Central de Instrucción número tres.
En la mañana del pasado jueves, los agentes procedieron al arresto de un individuo en el aeropuerto de Valencia y, simultáneamente, se detuvo en una localidad madrileña a los cuatro directivos de una empresa de abastecimiento de material de doble uso. Además, se ha practicado el registro de las oficinas centrales de la empresa en la Comunidad de Madrid y de dos domicilios en Valencia. Fruto de los mismos, los agentes han intervenido numerosa documentación digital y material tecnológico relacionado con la investigación.
Los agentes de la Comisaría General de Información de la Policía Nacional realizan labores de investigación en materia de contra-proliferación, así como para la persecución de violaciones de derechos contra la comunidad internacional.
Los arrestados han pasado a disposición del Juzgado Central de Instrucción número tres, cuya titular ha decretado prisión para dos de ellos.
