Es hora de repensar el equilibrio entre la eficiencia táctica y el riesgo estratégico. Un nuevo informe del Centro Stimson los analiza.
Más de 16 años después del primer ataque con aviones no tripulados por parte de EEUU, los drones armados siguen siendo clave para las operaciones antiterroristas del país, por lo que la Administración Trump está ampliando su uso. Pero esta arma ha planteado desde hace mucho tiempo a los legisladores, a otros líderes estadounidenses e incluso a nuestros aliados problemas de transparencia, supervisión y estrategia. Ahora, cuando desde la Administración se echan para atrás algunas de las medidas adoptadas por sus predecesores para hacer frente a algunas de estas cuestiones, es hora de echar un amplio vistazo al lugar que ocupan los aviones no tripulados en la seguridad nacional y a la mejor manera de utilizarlos.
La Administración Trump está incrementando la frecuencia y alcance global de los ataques con aviones teledirigidos, y ha dado a los operadores militares mayor autoridad para la toma de decisiones para atacar, a la vez que ha ampliado el papel y las responsabilidades de la CIA en las operaciones de ataque letal. Cada uno de estos cambios está ocurriendo bajo el velo del secretismo, lo que agrava los desafíos al uso legítimo y responsable de drones armados en apoyo a los objetivos más amplios de Estados Unidos.
Este enfoque de la política de drones conlleva riesgos considerables, especialmente a medida que proliferan en todo el mundo. La realidad es que Estados Unidos no mantiene el monopolio del uso de los aviones teledirigidos armados en los conflictos, ni los Estados, por sí solos, mantienen el monopolio del uso de esta tecnología. Al desarrollar su propia práctica para llevar a cabo operaciones letales con aviones teledirigidos, Estados Unidos está estableciendo una norma internacional de facto, en cuanto a la transparencia y la rendición de cuentas en relación con su uso, aunque esa norma pueda ser contraria a las normas mundiales de vigor. En resumen, la política y la práctica de Estados Unidos afecta no sólo lo que está sucediendo dentro y fuera de Estados Unidos, sino también la forma en que nuestros aliados, socios e incluso nuestros enemigos utilizan aviones teledirigidos para sus propios intereses.
Para destacar algunos de estos temas y ofrecer ideas sobre las maneras de mejorar el programa de aviones no tripulados, trabajé con un grupo de estudio de 11 expertos durante el año pasado, para examinar las políticas y prácticas actuales de Estados Unidos, tal como se establecieron durante la administración Obama y se adaptaron y revisaron bajo la administración Trump. El resultado, An Action Plan on U.S. Drone Policy (Un plan de acción sobre la política de drones de EE.UU.), proporciona una hoja de ruta para que la administración de Trump desarrolle, implemente y mantenga una política integral de drones en EE.UU., que reduzca los riesgos y refleje el uso apropiado y legítimo de esta fuerza letal para lograr los objetivos estratégicos de EE.UU.
Nuestras recomendaciones incluyen formas prácticas y tangibles, con las que la Administración puede apoyar el desarrollo de una política integral sobre drones armados. Por ejemplo, la Administración debería publicar cualquier nueva política, principio, norma o procedimiento por la que se rija el programa de aviones no tripulados de Estados Unidos. La Administración también debe llevar a cabo una evaluación estratégica de la eficacia y el impacto a largo plazo del programa de aviones no tripulados, así como reconocer y abordar las bajas civiles resultantes de los ataques con estos sistemas y defender el derecho internacional relativo a los derechos humanos y el humanitario, a través las garantías escritas sobre el uso que hacen de ellos los receptores de exportaciones de aviones no tripulados de EE.UU. El Congreso también tiene un papel que desempeñar para asegurar una supervisión eficaz y solicitar una mayor transparencia sobre los costos y efectos de los programas.
Estados Unidos tiene la oportunidad de ser un líder en el establecimiento de estándares apropiados para el uso de estos aviones y en el desarrollo de una política efectiva, transparente y responsable, que refleje la supervisión de las partes interesadas apropiadas. Tal enfoque le dará credibilidad, legitimidad y confiabilidad al programa de aviones no tripulados de Estados Unidos. Además, una política que valore los derechos humanos, el imperio de la ley y el buen gobierno, a la vez que proteja los intereses nacionales de los EE.UU., es coherente con los valores y principios de nuestro país y los promueva.
Rachel Stohl es Directora General del Centro Stimson.
Fte. Defense One
