La industria de la seguridad privada se compone principalmente de empresas militares y de seguridad privadas («Private Military and Security Companies», PMSC) que ofrecen servicios militares en todo el mundo a gobiernos nacionales, organizaciones internacionales y actores no estatales a cambio de beneficios monetarios.
Realizan diversas actividades, desde llevar a cabo pequeñas misiones de entrenamiento hasta desplegar unidades de seguridad compuestas por varios centenares de soldados entrenados y armados con algunas de las mejores armas, que incluyen tanques y helicópteros de ataque. Pero no sólo se dedican a operaciones en el campo de batalla, sino que también ofrecen conocimientos y estrategias sobre cómo atacar y defenderse en distintos tipos de conflictos.
Durante la mayor parte del siglo XX, la privatización de la guerra no era una opción viable y casi todo el uso del poder militar estaba restringido a los organismos estatales, pero la Guerra Fría lo cambió todo. A finales de 1991, el mercado estaba repleto de especialistas militares y armamento que ya no tenía un uso inmediato. Además, estallaron varias guerras a pequeña escala y conflictos armados civiles en todo el mundo, principalmente en África. En consecuencia, las empresas militares y de seguridad privadas cobraron fuerza y se hicieron populares. Empresas de Estados Unidos y el Reino Unido, como Sandline International, incluso ganaron popularidad en todo el mundo. Hoy existen más de 150 empresas militares privadas que ofrecen sus servicios en unos 50 países. El tamaño de la industria evoluciona rápidamente: en 2020, se vendieron servicios por valor de 223.000 millones de dólares; una cantidad que se estima se duplicará en 2030.
En este marco, muchos políticos y funcionarios gubernamentales parecen apoyar la precisión y la eficacia de las EMSP, pero aún quedan muchas preguntas por responder y situaciones por reconocer para que esto sea cierto. Para empezar, las empresas militares y de seguridad privadas están sujetas a las leyes del país en el que se establecen sus operaciones. No obstante, la legalidad de sus acciones se convierte en objeto de escrutinio cuando operan en regiones más allá de su país de origen. Algunas de estas empresas no son ajenas a la violación de las leyes internacionales humanitarias y de derechos humanos, con tal de satisfacer las necesidades de sus clientes y poder cobrar.
Por ejemplo, en 2004 prisioneros musulmanes de la prisión de Abu Ghraib en manos de personal de la empresa contratista estadounidense CACI International fueron brutalmente torturados; los soldados incluso se hicieron fotos con los detenidos burlándose de ellos. A pesar de ello, CACI International no recibió ningún castigo, pidió a los acusadores que le devolvieran el dinero de los gastos legales y siguió realizando contratos con Estados Unidos por valor de 23 millones de dólares. En el mismo contexto, la privatización del propio Ejército de Estados Unidos es un asunto confuso y preocupante. Todavía no hay leyes concretas, por lo que es difícil procesar a quienes cometen delitos; y aun así, rara vez se hace. En 2019, se informó de que alrededor de la mitad de las asignaciones del Departamento de Defensa se gastaron en pagar a contratistas privados. Del mismo modo, se desconocen ampliamente los antecedentes, el contexto, las ubicaciones y las actividades de las empresas militares y de seguridad privadas, a pesar de que superan en número a los soldados. En numerosas ocasiones, hubo varias EMSP activas en Irak y Afganistán, empleando al mismo tiempo a más de 200.000 personas de contratistas privados. Estos contratistas procedían de diversos países, como Nepal, Serbia, Sudáfrica, Fiyi, Chile y naciones cercanas de Oriente Medio. Se disponía de escasa información sobre su formación previa, antecedentes laborales o penales.
Asimismo, otra investigación preocupante es el empleo conocido de mercenarios por parte de las EMSP como soldados y personal de apoyo estratégico. El mercado internacional de mercenarios y contratistas militares privados supera los 100.000 millones de dólares, y discernir una clara diferencia entre ambos es cada vez más difícil. Los mercenarios son más poderosos y están mejor organizados de lo que a los responsables estatales les gustaría admitir. Hoy en día, los grupos de mercenarios se denominan ejércitos privados y poseen el mismo conjunto de habilidades que las EMSP; la principal diferencia es para quién aceptan trabajar, pero incluso entonces no hay una línea clara. Por ello, en abril de 2005, Naciones Unidas presentó la Resolución 2005/2 sobre el uso de mercenarios en los ejércitos o como soldados. El documento insta a todos los Estados a estar atentos al empleo de mercenarios por parte de empresas privadas que ofrecen servicios internacionales de consultoría militar y seguridad. Asimismo, en septiembre de 2008, Suiza y el Comité Internacional de la Cruz Roja publicaron el Documento de Montreux con recomendaciones para que los Estados regulen adecuadamente las EMSP.
Como ejemplo, Sierra Leona es uno de los países con más consecuencias negativas debido a la intervención de las Empresas Militares y de Seguridad Privadas. Este estudio de caso demuestra lo interesada que está realmente la industria de la seguridad privada. Executive Outcomes y Sandline International participaron en la guerra civil del país, que tuvo lugar entre 1991 y 2002, empleadas por el gobierno. Sus operaciones se ejecutaron sobre la creencia de trabajar en relación con siete sectores: competencia, eficacia, flexibilidad, cooperación sobre el terreno con las fuerzas regulares, rentabilidad, impacto en el ejército nacional y control político sobre los contratistas. El gobierno quería luchar contra las fuerzas rebeldes, pero los métodos empleados y enseñados por el personal y los soldados del sector privado eran, en el mejor de los casos, cuestionables, y en el peor, inhumanos. Los implicados en el conflicto armado manifestaron serias preocupaciones éticas, pero lo que causó más conmoción fue el uso del mercenarismo. Los mercenarios lucharon contra los grupos rebeldes como parte de las EMSP, y también contra grupos paramilitares. Tanto es así, que algunos estudiosos incluso llamaron y se refirieron a las EMSP de la época como compañías mercenarias.
En parte, debido a lo ocurrido en Sierra Leona, y en muchos otros países por aquellos años, como Papúa Nueva Guinea, también con la participación de Sandline International, la Convención Internacional contra el reclutamiento, uso, financiación y entrenamiento de mercenarios fue publicada por Naciones Unidas (ONU) en 2001. Aun así, Estados Unidos, junto con otras naciones que poseen importantes fuerzas militares como China y Rusia, rechazaron la calificación de mercenarias de las actividades de las empresas militares y de seguridad privadas y se abstuvieron de respaldar y ratificar la convención. Como resultado, todavía hoy, el empleo de EMSP crea una situación en la que los estados pueden participar en actividades bélicas que de otro modo serían ilegales, al tiempo que asignan la responsabilidad de tales acciones a la creciente industria de la seguridad privada. Las empresas militares y de seguridad privadas, especialmente las que operan en África, siguen estando implicadas en varias violaciones de los derechos humanos.
Además, las empresas militares y de seguridad privadas suponen un enorme desafío para el derecho internacional y las relaciones internacionales. La mayor parte de la diplomacia internacional apuesta por un derecho que prohíba el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, pero tradicionalmente sólo se dirige a los estados. Todavía no existe una regulación adecuada para las EMSP como actores mundiales y para todo su sector. La tendencia predominante está encabezada por cuatro países, que en conjunto constituyen aproximadamente el 70% del mercado: Estados Unidos, Reino Unido, China y Sudáfrica. Correspondientemente, Estados Unidos es el hogar de las mayores Empresas Militares y de Seguridad Privada del mundo, así como un cliente importante, y aún así, no existe una ley específica en Estados Unidos que aborde de forma exhaustiva toda la gama de servicios prestados por estas empresas. Por ello, los contratistas estadounidenses suelen comercializar sus servicios en el extranjero con una supervisión mínima. Es urgente que las leyes cubran todo el sector, pero principalmente tres aspectos de esta industria: las limitaciones y las implicaciones para los estados contratantes (países que contratan a las EMSP), los estados territoriales (países donde operan las EMSP) y los estados de origen (países donde tienen su sede las EMSP).
Las empresas militares y de seguridad privadas están adquiriendo tal relevancia que incluso Naciones Unidas las ha contratado. Entre 2012 y 2017, la ONU declaró haber pagado un total de 166 millones de dólares por servicios de EMSP. Naciones Unidas justifica con frecuencia su dependencia de las EMSP señalando las deficiencias tanto cuantitativas como cualitativas de las fuerzas de mantenimiento de la paz tradicionales. Se cree que los servicios de los contratistas militares privados compensan las incapacidades internas y que estos fallos se subsanan con la experiencia y la eficacia de las empresas privadas. Sin embargo, dado que no existen leyes claras ni para las relaciones entre las EMSP y las organizaciones internacionales, esto se vuelve peligroso, sobre todo porque pone en entredicho la legitimidad de Naciones Unidas en el ámbito internacional.
En naciones como Afganistán y Somalia, la ONU se muestra cautelosa a la hora de depender de las fuerzas policiales locales. De ahí que la organización recurra a las EMSP para salvaguardar a su personal y sus instalaciones, al tiempo que colabora en las estrategias de combate. En cualquier caso, esta decisión no ha resultado como se esperaba, ni como se deseaba. Las operaciones de mantenimiento de la paz están empezando a convertirse en una industria de lobby para las potencias militares y el bienestar de los civiles está quedando atrapado en medio. Del mismo modo, en 2011, el Departamento de Seguridad de la ONU comenzó a elaborar una propuesta de política que ofrece sugerencias para adoptar prácticas de contratación más responsables y unificadas con las empresas militares y de seguridad privadas. Sigue siendo incierto hasta qué punto esta iniciativa, una vez completada, encontrará aceptación y apoyo en toda la organización internacional.
Los gobiernos y las organizaciones internacionales o los actores no estatales recurren con frecuencia a las EMSP motivados por factores como la rentabilidad, la flexibilidad y la capacidad de aprovechar conocimientos especializados y tecnología avanzada. Esto altera la distribución del poder militar, alejándolo de los marcos convencionales centrados en el Estado, lo que suscita preocupaciones sobre la rendición de cuentas y el cumplimiento de las normas internacionales. La creciente dependencia de entidades privadas añade complejidad a los procesos de toma de decisiones, lo que puede alinear los intereses del Estado con los de las empresas. Principalmente, los servicios que ofrecen estas empresas son distintos de los de cualquier otra industria. Comparables a las armas de fuego, plantean peligros significativos y pueden ser altamente destructivos cuando se utilizan indebidamente. Por ejemplo, Estados Unidos, Rusia, China, Turquía y Emiratos Árabes Unidos han empleado la industria militar privada para llevar a cabo regímenes despiadados saltándose todas las restricciones legales. La rápida expansión y normalización del uso de las EMSP ha permitido que numerosos malos actores se aprovechen de ello, ya que en esencia no sólo comercia con armas, sino también con conocimientos. Ofrecen un chivo expiatorio a los gobiernos y a los actores no estatales para sobrepasar las leyes nacionales e internacionales con el fin de obtener su puja personal. Como resultado, existe una peligrosa laguna y una enorme incomprensión en relación con esta amenaza en evolución.
Fte. Modern Diplomacy (Martha García Torres Landa)
Martha García Torres Landa es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Tecnológica de Monterrey en Querétaro, México. Durante su licenciatura se ha especializado en estudios de conflicto y paz. Sus intereses de investigación incluyen el feminismo, el activismo social, la Historia Universal y los Derechos Humanos.
