Expertos independientes de diferentes grupos de trabajo de la ONU han puesto en el punto de mira a empresas como BAE Systems, Boeing, General Dynamics, Lockheed Martin o Rheinmetall AG, a las que acusan de ser cómplices de violaciones de derechos humanos por vender armas a Israel.
«La transferencia de armas, piezas, componentes y municiones a Israel puede constituir graves violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario». Y las empresas que lo hacen «corren el riesgo de ser cómplices de crímenes internacionales, y posiblemente de genocidio».
Así lo han expresado esta semana una veintena de expertos independientes de diferentes grupos de trabajo de la ONU, presididos por el abogado británico Robert McCorquodale, profesor emérito de Derecho Internacional y Derechos Humanos de la Universidad de Nottingham, en Reino Unido.
En un comunicado, estos expertos en Derechos Humanos de Naciones Unidas exigen a las empresas que «pongan fin» a la venta de armas «de inmediato», «aunque se ejecuten -dicen- al amparo de licencias de exportación existentes».
Y en el mismo comunicado han situado en el punto de mira a fabricantes como BAE Systems, Boeing, Caterpillar, General Dynamics, Lockheed Martin, Northrop Grumman, Oshkosh, Rheinmetall AG, Rolls-Royce Power Systems, RTX y ThyssenKrupp.
Los Estados que venden armas a Israel, también en el punto de mira
Estas declaraciones de los expertos de la ONU se producen en un contexto en el que el Consejo de Derechos Humanos ya ha efectuado llamamientos a los Estados para que cesen la venta, transferencia y «desvío» de armas, municiones y otros equipos militares a Israel, que, por primera vez, ha sido incluido en la lista negra de la ONU por violar los derechos de los niños en conflictos armados.
Y también después de que la Corte Internacional de Justicia haya exigido a Israel que ponga fin de inmediato a su ofensiva militar en Rafah, y de que el fiscal de la Corte Penal Internacional haya dictado órdenes de detención contra dirigentes israelíes (entre ellos el primer ministro, Benjamín Netantyahu), por acusaciones de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.
