El desmantelamiento de la democracia húngara por el primer ministro nacionalista del país, Viktor Orban y su partido Fidesz, se ha producido gradualmente en los últimos 10 años. Orban comenzó por dejar de lado a los medios de comunicación de la oposición y a socavar la independencia del poder judicial de Hungría, antes de seguir presionando y limitar la labor de las organizaciones de vigilancia para librar una desagradable guerra propagandística y jurídica contra la Universidad de Europa Central, fundada por el «filántropo» George Soros.
La Unión Europea reprendió a Orban sobre la marcha, pero su partido procedió a elaborar leyes electorales que garantizaban que, en las últimas elecciones generales del país, celebradas en 2018, el 49 por ciento de los votos de Fidesz se tradujera en casi el 70 por ciento de los escaños en el parlamento, una super mayoría que privaba completamente de poder a la escasa y dividida oposición.
Con casi todos los controles de poder eliminados o cooptados, el gobierno de Fidesz en Hungría, en la forma de una «democracia antiliberal» fuertemente fortificada, para citar a Orban, parecía probable que durara muchos años. Entonces llegó el coronavirus, y Orban decidió convertir una probabilidad en certeza. Con la crisis de la pandemia como coartada, aprovecha la oportunidad para asegurar su poder a largo plazo, incluso a expensas de los vestigios de democracia que aún quedan en Hungría. La cuestión ahora es si Europa tratará esto como el cruce de una línea roja y, si lo hace, qué puede hacer al respecto.
El 30 de marzo, el parlamento de Fidesz aprobó una ley de emergencia que otorga al Gobierno poderes indefinidos y amplios. El nuevo estatuto va mucho más allá de los de emergencia aprobados en casi toda Europa durante la presente crisis o en cualquier país de la UE. En medio de la pandemia, los dirigentes de todo el continente han delimitado las libertades civiles estándar, pero son controlados por legislaturas críticas y tienen plazos explícitos y a corto plazo. La ley húngara permite a Orban gobernar por decreto, pasando por alto el poder legislativo en cualquier ley, mientras dure la crisis. Todas las elecciones que se celebren hasta entonces quedarán suspendidas. Además, el estatuto permite al Gobierno una amplia discreción para censurar a los medios de comunicación que, según él, obstruyen la respuesta del Estado a la pandemia. Los periodistas que sean encontrados culpables de difundir información supuestamente falsa pueden enfrentar penas de prisión de hasta cinco años.
«Ahora Orban puede hacer lo que quiera», dijo Paul Lendvai, un austriaco nacido en Hungría, autor de una biografía de Orban en 2018. «Ningún otro gobierno democrático en Europa ha llegado tan lejos. Y las encuestas muestran que la mayoría de los húngaros no están descontentos con él». No habría una oleada de protestas, aunque los húngaros pudieran reunirse en las calles, dijo.
«Este es otro paso para que Hungría se convierta en un régimen autoritario», dijo Andras Biro-Nagy, un analista político húngaro. «Si el contenido de esta nueva ley se convierte en la nueva normalidad, y no sólo en una medida temporal, entonces estamos hablando de una forma de dictadura.» Pero, dijo Biro-Nagy, «Tendremos que ver cómo lo usa Orban».
En un raro acto de unidad, todos los partidos de la oposición votaron en contra del proyecto de ley. Su principal objeción fue la ausencia de una cláusula de extinción. El propio gobierno de Orban determinará cuando la crisis termine y los poderes especiales deben ser suspendidos.
Esto es un mal presagio para Hungría, ya que Orban ha explotado crisis tras crisis para expandir su poder. La crisis de los refugiados de 2015-2016 fue un momento crucial para Orban: Los poderes de emergencia invocados para esa crisis se han renovado cada seis meses desde entonces, hasta hoy, aunque el número de refugiados de Hungría es insignificante.
A Biro-Nagy le preocupa que el significado de «crisis» pueda extenderse, por ejemplo, a una crisis financiera, que podría desarrollarse una vez que la sanitaria haya pasado. «Mi temor es que Orban encuentre una razón, como siempre ha hecho, para mantener tales medidas de crisis», dijo.
La usurpación de poder de Orban puede parecer confusa a la luz de la extensión del poder que ya ejercía y de la popularidad pública de la que gozaba. Pero los pasos aparentemente desproporcionados pueden explicarse por las grietas que han empezado a brotar en la armadura de Fidesz. En las elecciones locales de 2019, los políticos de la oposición se hicieron con la alcaldía de Budapest y de otras 10 grandes ciudades, lo que supuso una dura derrota para Fidesz.
Además, las encuestas de opinión muestran que el deteriorado sistema de salud es la queja número uno de los húngaros. Los bajos salarios de los médicos y enfermeras, así como la crónica falta de financiación de los hospitales, han causado que muchos profesionales de la salud abandonen el país. Si Hungría, que en la actualidad sólo tiene unos 400 casos detectados del nuevo coronavirus y 15 muertes, experimenta un brote como el del norte de Italia, el gobierno podría verse sometido a una intensa presión por parte de la población. El gobierno podría entonces requerir toda su munición para contener las manifestaciones de ira y ganar las elecciones en 2022.
Hasta ahora, los reproches de la UE por las infracciones a la democracia en Hungría, así como en Polonia, han sido bastante leves. Pasaron años antes de que el Partido Popular Europeo, la principal alianza conservadora del Parlamento Europeo, suspendiera a Fidesz de sus filas el año pasado. Pero la UE, como tal, podría finalmente verse obligada a actuar con más autoridad. El Consejo de Europa y el Parlamento han expresado su preocupación, pero sin proponer una estrategia concreta de cómo hacer retroceder a Orban. La presidenta del ejecutivo de la UE, Ursula von der Leyen, emitió una declaración que no mencionaba a Hungría por su nombre, pero que evidentemente iba dirigida a Orban: «La democracia no puede funcionar sin medios de comunicación libres e independientes. … Las medidas de emergencia deben limitarse a lo necesario y ser estrictamente proporcionadas. No deben durar indefinidamente», dijo.
El 30 de marzo, el ex primer ministro italiano Matteo Renzi twiteó que «después de lo que Orban ha hecho hoy, la Unión Europea DEBE actuar y hacerle cambiar de opinión». O, simplemente, expulsar a Hungría de la Unión». Sin embargo, no hay ninguna cláusula en los tratados de la Unión Europea para expulsar a un miembro.
Una de las razones de la actitud vacilante de la UE hasta la fecha es que, sus opciones para sancionar a los miembros requieren un voto unánime en el Consejo Europeo de 27 miembros. Según el artículo 7 del tratado de la Unión Europea, el Consejo tiene la facultad de suspender algunos de los derechos de los miembros de un país, como el de voto en el propio Consejo. En 2018, el Parlamento Europeo votó a favor de la adopción de medidas disciplinarias contra Hungría por estar «en claro riesgo de una grave violación de los valores de la UE», pero la medida murió en el Consejo, en el que estaba seguro de que Polonia votaría en contra.
Orban ha respondido, generalmente, arremetiendo contra las críticas y contra la UE. En una entrada de blog, su portavoz escribió: «Al igual que en tiempos de guerra, el estado de emergencia podría extenderse hasta el fin de las hostilidades. Hoy en día, no nos enfrentamos a una potencia militar, sino que estamos en un estado de guerra para defender a nuestro pueblo de una pandemia como no hemos visto en un siglo». Orban ha afirmado que, con las entregas de suministros médicos, Turquía y China han hecho más para ayudar a Hungría en la crisis que la UE, aunque Hungría recibe unos 7.000 millones de dólares anuales de las cajas de la UE.
«Orban y su gente le dicen a la UE que se ocupe de sus propios asuntos», dijo Lendvai. «Nunca habla de la ayuda de la UE a Hungría, sólo que la UE debería agradecer que Hungría se quede en la UE».
Orban vio claramente la crisis del coronavirus como una oportunidad política, pero también puede ser su perdición. Lendvai y otros expertos coinciden en que Budapest está mintiendo sobre el bajo número de infecciones y muertes en Hungría. Los medios de comunicación han informado sobre numerosas personas que han rogado a los hospitales que les hagan pruebas para detectar el virus, pero se les ha negado. El Gobierno ha procedido muy lentamente con las pruebas, eludiendo el número real de infecciones, que podría ser muchas veces mayor de lo que se ha reconocido hasta ahora, según algunos expertos. Si estas deficiencias eventualmente llevan a un disturbio público masivo, las leyes de emergencia de Orban sólo podrían proporcionarle una protección limitada.
Fte.: Foreign Policy
Paul Hockenos es un periodista alemán. Su libro más reciente es Berlin Calling: Una historia de anarquía, música, el Muro y el nacimiento del nuevo Berlín (The New Press).
Sé el primero en comentar