Durante lo que va de siglo las sanciones económicas se han erigido como un instrumento de uso casi masivo de las grandes potencias contra otros países o agentes. Tanto los Estados Unidos, como la EU o China –entre otros-, utilizan este instrumento coercitivo a fin de presionar para el cumplimiento de sus objetivos. Su éxito no está garantizado y, ni siquiera es fácil de medir, ya que puede ser sólo parcial o desembocar en negociaciones. En cualquier caso, cuando el país o países sancionadores aflojan la presión o la eliminan, es debido a que han conseguido, al menos, parte de sus objetivos. Pero, ¿Qué ocurre en el camino?
Los Estados Unidos llevan varios años imponiendo sanciones a Irán a fin de que abandone o, al menos, reduzca su programa de enriquecimiento de uranio con fines bélicos. Ya en el año 2015 el presidente Hassan Rouhani firmó un acuerdo con los Estados Unidos y otros cinco países para limitar las actividades nucleares y reducir así la presión de las sanciones impuestas. Posteriormente, en 2018 se volvieron a reestablecer las sanciones y en 2019 se hicieron más intensas. En cada caso, los efectos sobre el PIB iraní han sido realmente duros, con caídas cercanas al 10% cada vez que las sanciones se han reestablecido o intensificado. Tanto en 2019, como las proyecciones del propio Banco Central de Irán realiza para 2020, el PIB seguirá con importantes caídas, atribuibles a todos sus componentes de demanda –consumo, inversión, exportaciones-.
Las limitaciones impuestas en el comercio de crudo, principal fuente de ingresos de Irán, en el sector energético, en el financiero, en las importaciones de materias primas y en las inversiones extranjeras, están generando importantes efectos económicos unidos al objetivo de la Casa Blanca de reducir a cero las exportaciones de petróleo iraní. A ello hay que unir la situación de la población y su total descontento con las políticas del régimen, que desembocaron en movilizaciones sociales, la mayor de las cuales se produjo en noviembre del año pasado y que fueron fuertemente reprimidas por el gobierno. El motivo fundamental que generó estas revueltas fue el aumento del precio del petróleo en un 50%, debido a la retirada de las subvenciones que tenía.
En términos macroeconómicos, hay que destacar la caída del rial, que se ha atribuido a los problemas económicos de Irán y a una alta demanda de divisas entre los iraníes que han visto erosionado el valor de sus ahorros y reducido considerablemente su poder adquisitivo. Sin embargo, el rial ha recuperado parte de su valor desde septiembre de 2018, cuando el Banco Central lanzó dólares al mercado y las autoridades tomaron medidas contra los comerciantes de divisas a medida que el tipo de cambio iba alcanzando un récord mínimo de 176.000 por dólar, perdiendo casi un 50% de su valor frente a la divisa americana. Actualmente el precio oficial de la moneda iraní con relación al dólar se en unos 42.000 rials, que se trata de mantener estable con una política monetaria estabilizadora, con tipos de interés estables, situados alrededor del 4% y con perspectivas de mantenerse en esa posición durante este año, según los informes del Banco Central de Irán.
Los problemas monetarios de Irán también han llevado a la escasez de bienes importados y productos que se fabrican con materias primas foráneas, lo cual, junto con lo anterior, provoca un importante cuello de botella, al no poder generar divisas de la exigua exportación petrolera con las cuales realizar pagos de importaciones, también limitadas. En definitiva, las reservas de divisas se han reducido en más de un 20% respecto de 2013 –según el FMI-, pero con capacidad para acceder únicamente al 10% de ellas debido a las sanciones económicas sobre el sistema financiero.
Ante esta situación, como era de esperar, los precios se han elevado, de manera que la tasa de inflación se encuentra alrededor del 40% y, se estima que la inflación unida a los alimentos sea diez puntos superior. Igualmente, la tasa total de paro es del 13%, pero la de los jóvenes la duplica. Ambos indicadores muestran una situación de riesgo de exclusión social y pobreza que se ha elevado sustancialmente desde 2012 con motivo de la intensificación de las sanciones y ciertas políticas internas. De hecho, a medida que crecían los ingresos provenientes del petróleo, la desigualdad no se reducía de manera paralela –algo que se encuentra en el núcleo de la revolución iraní-, creando una importante oligarquía pero ampliando la clase media.
Con relación a las cuentas públicas, el déficit público iraní se encuentra en un 4,4% del PIB, mantenido a lo largo del tiempo. Las necesidades de la población son crecientes y ello implica la búsqueda de fórmulas para elevar los ingresos y poder incrementar el gasto público –como la reducción de subvenciones al consumo de gasolina-, debido a que no es posible acudir a los mercados internacionales a través de la emisión de deuda pública debido a las sanciones. En definitiva su nivel de deuda se encuentra alrededor del 40% del PIB.
Obviamente las sanciones las padece de forma más intensa la parte de la sociedad con menores recursos que ven recortados subsidios y ayudas, mientras experimentan importantes aumentos de precios en los bienes básicos y escasez de muchos de ellos –es paradigmático el caso de los pañales-, lo cual es caldo de cultivo para un elevado malestar social con consecuencias aún no muy claras a día de hoy.
Dicho todo lo anterior, la cuestión clave radica en saber hasta qué punto la economía y la sociedad iraníes serán capaces de soportar las sanciones sin que se llegue a una situación insostenible. Bien es cierto que esto depende en buena medida de las orientaciones de los distintos gobiernos, más o menos proclives a negociar el tema central -esto es, el enriquecimiento de uranio y plutonio y la reducción de las centrifugadoras para limitar su capacidad-. Mientras el gobierno de Ahmadineyad mantuvo turbulentas relaciones con occidente, la situación del actual presidente es distinta. El Presidente Rouhani, como miembro del Consejo Superior de Seguridad Nacional y, habiendo sido el encargado en etapas anteriores de las negociaciones con los Estados Unidos y Francia, así como con el Organismo Internacional de la Energía Atómica, posee una perspectiva diferente del problema. Sin embargo, también por la otra parte, el Presidente Trump tiene una percepción diferente a la que poseía Obama.
Antonio Fonfría Mesa
Profesor de Economía Aplicada
Universidad Complutense de Madrid
Academia de las Ciencias y las Artes Militares
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